La Ley de función pública propone que las oposiciones se resuelvan en un año

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En el mes de diciembre de 2013 se lanzó la última convocatoria de oposiciones de la Junta de Extremadura. Más de un año después, aún no se conocen fechas de exámenes, ni listas de admitidos, ni siquiera cuándo se constituirán los tribunales de selección. Algo que ya no será posible de salir adelante la nueva Ley de función pública, que establece que los procesos selectivos deberán resolverse en un plazo máximo de doce meses.

La norma se tramitará por la vía rápida
El proyecto de ley llega a la Asamblea de Extremadura para su aprobación. No lo hace de la mano de la Junta de Extremadura, sino que ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Popular, lo que permite evitar trámites como el preceptivo informe del Consejo Consultivo. Esto permitirá acortar plazos y que la norma pueda ser aprobada antes de que termine la legislatura.

El documento ha sido pactado con las centrales sindicales, aunque todas coinciden en señalar que se trata de un texto de mínimos en el que se fijan directrices a seguir. El verdadero desarrollo vendrá a través de decretos, aunque al menos ya hay un marco a seguir.

Entre las novedades de la ley se encuentra la limitación temporal del desarrollo de los procesos selectivos. En concreto, establece que las convocatorias deberán contener el calendario para llevar a cabo las pruebas, indicando el plazo máximo de resolución, que no será superior a doce meses. También se fijan normas sobre la formación de tribunales, en línea con las medidas que ha tomado la Junta, como la elección de vocales por sorteo.

Junto a esto, se plantean novedades en materia de promoción interna, como permitir que los trabajadores laborales fijos puedan acceder a puestos de funcionarios; o que el paso de una categoría a otra dentro de un mismo grupo (del C2 al C1 y del A2 al Al) se pueda llevar a cabo simplemente con la superación de un curso selectivo.

Asimismo, se introduce la excedencia voluntaria de seis meses a un año con reserva de puesto, así como la excedencia para el cuidado de familiares hasta tres años.

74.000 trabajadores

La nueva ley, que entraría en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, afecta a unos 74.000 trabajadores de la Administración autonómica (incluidos SES y cuerpos docentes), las entidades locales, la Universidad y las empresas públicas.

Benito Román, presidente autonómico de CSI-F, resalta que con esta norma se pretende que los empleados públicos extremeños «sean tratados como en otras administraciones». Destaca que la ley plantea reforzar cuestiones como la prestación de un servicio público de calidad, la negociación colectiva, la estabilidad laboral y la celebración de procesos selectivos con garantías. También pide que haya consenso entre los grupos parlamentarios, como sucedió con la Ley de Educación, para conseguir una norma con vocación de permanencia.

Por su parte, Marisol Salazar, de CCOO, recuerda que se han tardado ocho años en trasladar a la legislación autonómica los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007. Aunque reconoce que el texto «necesita un desarrollo reglamentario inmenso» y que sólo se recogen las cuestiones fundamentales en una «ley de cajones», subraya que se abre un nuevo camino para llenar esos cajones y desarrollar la función pública.

Ignacio Luis, de UGT, aplaude que la ley haya llegado por fin a la Asamblea de Extremadura con el objetivo de que pueda ser debatida por los partidos y convertirse en una realidad antes de que acabe la presente legislatura. Reconoce que el texto consensuado con la administración ha dejado atrás cuestiones que interesaban a los sindicatos, pero que espera recuperar a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios o del desarrollo posterior.